Salta implementará un programa de justicia terapéutica para personas con consumos problemáticos
Salud Pública y la Corte de Justicia firmaron un convenio para combinar tratamiento sanitario y seguimiento judicial en personas vinculadas a causas penales por delitos menores. El programa contempla talleres semanales y acompañamiento terapéutico durante dos meses.
10/21/20263 min read
El Ministerio de Salud Pública de Salta y la Corte de Justicia provincial pondrán en marcha un programa piloto de justicia terapéutica destinado a personas con consumos problemáticos de sustancias que atraviesan procesos judiciales por delitos menores. La iniciativa busca articular la atención sanitaria con el seguimiento judicial para reducir la reincidencia y facilitar el acceso a tratamientos especializados.
El acuerdo fue firmado por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, y la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero Cornejo. El convenio establece la creación del Programa Interinstitucional de Intervención Judicial y Terapéutica en Personas con Consumos Problemáticos.
La propuesta está dirigida a mayores de 18 años que se encuentren bajo pautas de conducta, suspensión del juicio a prueba, condenas de ejecución condicional o medidas alternativas a la prisión efectiva, siempre que exista una relación clínicamente relevante entre el consumo de sustancias psicoactivas y el conflicto con la ley penal.
El objetivo es ofrecer una respuesta que contemple tanto la situación judicial como las necesidades de salud de cada participante.
Cómo funcionará el programa
La implementación estará coordinada por la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas a la Detención (OMAS) de la Corte de Justicia y la Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud Pública.
El esquema comenzará con una evaluación interdisciplinaria y una revisión de antecedentes para determinar qué personas podrán incorporarse al dispositivo.
Luego, quienes sean seleccionados participarán de un ciclo de dos meses que incluirá talleres grupales psicoeducativos semanales y entrevistas individuales de acompañamiento terapéutico y sociofamiliar.
Los grupos serán reducidos, con un máximo de 10 integrantes, para facilitar el trabajo y el seguimiento de cada caso. Los encuentros presenciales se realizarán en el dispositivo de orientación ubicado en calle Sarmiento 491, en la ciudad de Salta.
Entre los objetivos del programa se encuentran brindar herramientas para la autorregulación emocional, prevenir recaídas y fortalecer las redes de contención social y laboral de los participantes.
Qué dijeron las autoridades
Tras la firma del convenio, Teresa Ovejero Cornejo destacó la importancia de sostener una coordinación permanente entre las instituciones para evitar que la iniciativa quede limitada a acciones aisladas.
“La particularidad de este trabajo es que es conjunto desde el minuto cero. La idea es que esto realmente se arraigue y no quede en iniciativas aisladas que se diluyen con el tiempo; necesitamos que la comunicación sea constante para evaluar de cerca cómo avanzamos y asegurar un abordaje integral”, afirmó.
La presidenta de la Corte también señaló la necesidad de dar respuestas de fondo a situaciones que involucran tanto al sistema penal como al sanitario.
Por su parte, Federico Mangione remarcó el papel de los centros de salud y de las herramientas digitales para identificar las necesidades de atención de cada persona.
“Es fundamental consolidar este trabajo articulado. A través del sistema de historia clínica digital y los centros de salud podemos realizar un cruce certero para detectar si la persona ya contaba con consultas o tratamientos previos, evitando duplicaciones y asegurando que quienes no habían accedido a una atención especializada se incorporen de manera efectiva al dispositivo”, sostuvo.
Atención sanitaria y seguimiento judicial
El programa propone integrar el acompañamiento judicial con el cuidado de la salud, sin vulnerar la confidencialidad técnica de los tratamientos.
La iniciativa apunta a que las personas incorporadas puedan acceder a herramientas terapéuticas acordes con sus necesidades, mientras cumplen las condiciones establecidas en sus respectivos procesos judiciales.
En la reunión también participaron el secretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel, y la coordinadora del área, Rosario Justo.
Con este convenio, ambas instituciones buscan establecer un mecanismo de trabajo conjunto para abordar los consumos problemáticos en personas vinculadas al sistema penal, con énfasis en la atención especializada, el acompañamiento y la prevención de nuevas situaciones de conflicto con la ley.
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