Discapacidad en alerta: el Senado de Salta busca frenar el impacto de una nueva reforma nacional

En un clima de creciente preocupación, el Senado provincial avanzó en la decisión de convocar a legisladores nacionales por Salta para abrir instancias de diálogo que permitan revisar el proyecto de “Ley contra el fraude de las pensiones por invalidez”, impulsado por el Ejecutivo Nacional. La iniciativa es vista por referentes del sector como un nuevo capítulo de ajuste que podría agravar la situación de las personas con discapacidad.

El planteo surgió durante un encuentro entre senadores y representantes del colectivo de discapacidad, quienes expusieron la compleja realidad que atraviesan familias, prestadores y organizaciones en la provincia. La reunión fue encabezada por el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad, junto a legisladores de distintos bloques, en una señal de transversalidad política frente a la problemática.

Durante el intercambio, los referentes advirtieron que el proyecto nacional podría afectar derechos adquiridos durante décadas. En particular, cuestionaron la posible eliminación del Nomenclador Nacional, lo que —según señalaron— abriría la puerta a una desregulación de aranceles y a mayores desigualdades regionales en el acceso a prestaciones básicas. También manifestaron preocupación por la utilización de cruces de datos con ARCA como mecanismo para dar de baja beneficios, lo que impactaría directamente en servicios esenciales como medicamentos, transporte, educación y alimentación.

A este escenario se suma una crisis estructural que golpea al sistema de prestaciones. Según detallaron, existen demoras superiores a los 120 días en los pagos, lo que compromete el funcionamiento de instituciones y la continuidad de servicios. Además, denunciaron que la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada en 2025 no se cumple de manera efectiva, pese a intervenciones judiciales, lo que profundiza el desfinanciamiento del sector.

Más allá de los datos, el testimonio de las familias puso en evidencia el impacto cotidiano de estas medidas. Las dificultades para acceder a transporte adaptado, garantizar la escolaridad o cubrir necesidades básicas configuran un escenario donde cada recorte se traduce en un retroceso concreto en la calidad de vida.

Frente a este panorama, el Senado propuso la conformación de mesas de trabajo con los representantes salteños en el Congreso de la Nación, con el objetivo de abordar la problemática antes de que el proyecto avance en el recinto nacional. El senador Jorge Soto remarcó la necesidad de actuar con urgencia y respaldó el reclamo del sector, mientras que Daniel Moreno subrayó la importancia de canalizar el debate en ámbitos institucionales y con participación de todas las fuerzas políticas.

En una postura alineada con el oficialismo nacional, Roque Cornejo planteó la necesidad de revisar el destino de los fondos públicos y sostuvo que las medidas buscan corregir irregularidades en el otorgamiento de pensiones. No obstante, reconoció que también se han visto afectados otros beneficios, lo que obliga a revisar los alcances de la iniciativa.

Por su parte, la senadora Alejandra Navarro hizo hincapié en que el debate debe centrarse en la defensa de derechos fundamentales, más allá de las diferencias políticas. En ese sentido, instó a los legisladores nacionales a tomar dimensión de la realidad que atraviesa el sector.

Con posiciones diversas pero un diagnóstico compartido sobre la gravedad de la situación, el Senado de Salta busca abrir un canal de diálogo que permita evitar un mayor deterioro en las condiciones de vida de uno de los sectores más vulnerables. La discusión, ahora, se traslada al plano nacional, donde se definirá el alcance de una reforma que ya genera fuerte resistencia en las provincias.